Hay un término que contadores públicos y abogados fiscalistas no se toman con ligereza: terrorismo fiscal. Sin embargo, en las últimas semanas se ha vuelto mucho más común escucharla en conversaciones casuales y profesionales. Esta viene acompañada de historias de trámites con las autoridades fiscales del país que rayan en el absurdo, frustración por la falta de entendimiento y una sensación de impotencia ante lo que perciben como abusos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Todo en medio de la crisis económica producto de la pandemia de COVID-19.
La recaudación de impuestos y la venta de petróleo son las dos fuentes de ingresos más importantes del gobierno mexicano. La segunda ha sufrido un desplome casi sin precedentes, especialmente tras la guerra de precios en el mercado internacional de crudo. De acuerdo con datos de la SHCP, en el primer trimestre del año los ingresos petroleros del país sumaron 135 mil 70 millones de pesos, 94 mil millones menos respecto de lo esperado inicialmente para ese periodo. Por el contrario, los recursos obtenidos de la recaudación tributaria tuvieron un repunte: el fisco federal rebasó el billón de pesos en los primeros tres meses de 2020, con más de 48 mil millones por arriba de la meta original.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el 29 de abril, un día antes de que Hacienda diera a conocer los datos oficiales, que la recaudación de impuestos en México sería mayor a la del año pasado. Muchos se preguntaron, casi de inmediato, cómo un país con crecimiento nulo (-0.1%) en 2019 y un primer trimestre este año aún peor (-2.2%) podían tener una mayor recaudación de impuestos. Los especialistas tenían la respuesta.
De primera vista, más fiscalización podría verse como el fin de la evasión y la elusión fiscal en un país plagado de irregularidades e informalidad.
Pero la realidad es que un gran número de contribuyentes sufren el daño colateral de los embates de la autoridad.
“En principio es un contrasentido, menos actividad económica significa menos generación de IVA, menos generación de ISR, pero acá sucedió lo contrario”, explicó Carlos Cárdenas, expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y uno de los principales fiscalistas del país. “La clave han sido las auditorías, que son cada vez más y con mayor complejidad para el contribuyente, también la falta de devoluciones de impuestos”.
La SHCP de Arturo Herrera y el SAT, a cargo de Raquel Buenrostro desde el año pasado, han lanzado en los últimos meses una de las ofensivas de vigilancia fiscal y auditorías más duras de los últimos años, con resultados mixtos. Por un lado, suenan los ‘éxitos’ fiscales con empresas de gran tamaño (el caso más reciente es Walmart de México, que accedió a pagar más de 8 mil millones de pesos al fisco), mientras que miles de contribuyentes más se enredan en trámites y revisiones que empiezan a sentirse como una auténtica persecución.
Según datos de Hacienda, en los primeros tres meses del año, el fisco federal realizó 15 mil 386 auditorías a los contribuyentes, por las cuales obtuvo 80 mil 880 millones de pesos, una cifra sin precedentes, y que representa casi el doble de la recaudación del mismo periodo del año previo. En el mismo lapso de 2019, el SAT realizó 10 mil 485 auditorías, por las que obtuvo 44 mil 543 millones.
El monto obtenido este año por las auditorías también provocó que la ‘rentabilidad’ del SAT se haya ido a las nubes: por cada peso invertido en fiscalizar a los contribuyentes, obtuvo de vuelta 108.9 pesos. En años anteriores, ese monto difícilmente rebasaba los 65 pesos.
“Las auditorías son una herramienta del gobierno para vigilar el correcto cumplimiento del pago de impuestos, eso no se discute”, añadió Cárdenas. “Lo que sí, es que hay una presión constante sobre el contribuyente, al que no se le concede, deja tú la buena fe, sino la presunción de inocencia. Uno es deudor hasta que demuestra lo contrario”.
De acuerdo con otros fiscalistas, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias de las autoridades fiscales, Hacienda y el SAT han recurrido a medidas de coerción severas, de manera casi indiscriminada, para presionar a los contribuyentes. Una de las más comunes es la cancelación de los sellos digitales, necesarios para la emisión de facturas y, por lo tanto, para la operación de las empresas.
“Te ponen contra la pared con esa medida, apenas estás planeando tu respuesta a un requerimiento de la autoridad y te cancelan los sellos para ponerte nervioso y obligarte a aceptar sus condiciones”, relató uno de los fiscalistas. “Raya en la extorsión. El terrorismo fiscal se volvió la salvación de las finanzas públicas”.
Otro de los especialistas contó que una empresa con sede en la Ciudad de México recibió un requerimiento de una administración local del SAT en Tamaulipas, que exigía que el asunto se resolviera de manera presencial en esa entidad, de lo contrario, se procedería a la cancelación de los sellos digitales de la compañía.
“Esto no fue el año pasado o en enero, fue hace unas semanas, con las restricciones y el confinamiento por el COVID ya encima”, añadió el fiscalista. “Al final accedieron a recibir nuestra documentación y llevar el asunto de forma electrónica, pero nos ponen trabas y rechazan los argumentos sin mediar palabra. El asunto ni siquiera lo debía llevar una administración local de un estado que no es donde reside la empresa”.
La frecuente cancelación de sellos digitales por parte de la autoridad y los reclamos de los contribuyentes por esa medida llevaron a que la SHCP publicara nuevos lineamientos para su uso tan recientemente como el 12 de mayo.
Las diferencias entre el gobierno y los contribuyentes han derivado en que un mayor monto de recursos esté en disputa en los tribunales fiscales del país. Hasta el cierre de marzo, había 473 mil 207 millones de pesos esperando la resolución de un juicio, 33 mil 533 millones más que en el mismo plazo del año pasado. La mala noticia para los contribuyentes es que el SAT gana con mayor frecuencia los pleitos legales: 67 por ciento de los juicios de primera instancia, 72 por ciento de los de segunda y 65 por ciento de las sentencias definitivas quedan a su favor. Ampararse tampoco es solución, pues ahí el fisco gana 90 por ciento de los juicios.
Además de las auditorías, los especialistas fiscales acusan que el SAT ha detenido o complicado las devoluciones de impuestos para poder tener recursos adicionales para enfrentar los gastos extraordinarios derivados de la pandemia de COVID-19.
“Liberar una devolución de IVA se ha convertido en un trámite complicadísimo, es una odisea como nunca antes”, mencionó Manuel Toledo, socio fundador de Proactive Tax & Legal. “Es otra forma de terrorismo fiscal, porque las empresas dependen del flujo de efectivo que generan las devoluciones de IVA”.
El SAT afirma que entre el 1 de enero y el 22 de mayo registró 241 mil 100 millones de pesos pagados por concepto de devoluciones de impuestos, cifra que, aseguró, “no tiene precedentes”. En el caso del IVA, el incremento de las devoluciones es de 14.7 por ciento, de acuerdo con un comunicado emitido por el organismo.
Pero en el sector privado la sensación es distinta. Una encuesta entre los agremiados de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León arrojó que 30 por ciento de ellos ha notado un incremento en la vigilancia del SAT, 36.1 por ciento ha recibido solicitudes de información adicionales y al menos un tercio ha notado más insistencia de las autoridades para ser objeto de revisiones.
En el caso de las devoluciones de IVA, 47 por ciento afirmó haber tenido problemas con ese trámite y apuntan principalmente a los largos tiempos de espera y burocracia adicional como los obstáculos más grandes.
“Las empresas dependen de las devoluciones de IVA para mantener sano su flujo de efectivo”, mencionó Toledo. “El Código Fiscal habla de un plazo no mayor a 40 días para obtener la devolución. Actualmente, en muchísimos casos, ese plazo no se cumple ni cerca”.
Encargados de la contabilidad en varias empresas en la Ciudad de México afirmaron que el plazo se ha extendido tanto para obtener la devolución que han tenido que pedir a proveedores la extensión de pagos hasta por 90 días, en un entorno económico en el que se requiere de liquidez inmediata.
En el caso de las devoluciones de ISR, el principal impuesto devuelto a las personas físicas, el entorno no es distinto.
“Una devolución pequeña, de unos 2 o 3 mil pesos, no tienes mayor problema y te la regresan de volada”, comentó Toledo. “La bronca es cuando rebasas los 30 o 40 mil pesos, ahí el proceso se vuelve eterno”. Algunos fiscalistas aseguraron que esta negativa a devolver el ISR a los contribuyentes de manera ágil es una especie de ‘jineteo’ a gran escala.
El proceso burocrático para la devolución de ISR de personas físicas ha llegado a niveles casi cómicos. Cientos de contribuyentes han tenido que tramitar vía electrónica una nueva contraseña y, para obtenerla, además de dar los datos personales tradicionales, se pide una copia perfectamente clara de la identificación oficial y que el interesado grabe un video desde su computadora (previo permiso de acceso al SAT a la cámara y micrófono del equipo) leyendo una frase en voz alta y con buena luz.
Así, los servidores del fisco federal cuentan con una amplia galería de contribuyentes repitiendo desde el confinamiento frases de película como “Le haré una oferta que no podrá rechazar”, poniéndose nostálgicos al decir “Yo no sé quién pierde más en esta despedida” o, de plano, recordando a Serrat y repitiendo para las autoridades que “Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué ni me viniste a buscar”.
Aun con la contraseña obtenida, es muy probable que los contribuyentes con devoluciones amplias requieran de su e.firma, misma que si no tienen deben tramitar en persona en alguna de las oficinas del SAT. Y buena suerte ahí, encontrar una cita es una misión casi imposible en estos días.
“El esquema fiscal es uno de los puntos que las empresas evalúan al momento de decidir una inversión”, comentó Reginaldo Esquer Félix, presidente del comité fiscal de Coparmex. “Es un tema de competitividad, si un país no ofrece un esquema justo y sencillo, se pierden oportunidades”.
Esquer añadió que la sensación entre las empresas es que actualmente el fisco federal no ofrece una forma de pago equitativo ni el cumplimiento es sencillo y ágil. Desde luego, apuntó, ambos son puntos negativos en un entorno económico en el que se pelearán todas las inversiones posibles.
Que el SAT fiscalice más o presuntamente complique las devoluciones de impuestos no es otra cosa que el reflejo urgente de la autoridad para obtener recursos pronto en un momento en que la economía está en caída libre, los empleos se pierden por centenas y no hay de dónde echar mano para cumplir con el presupuesto de este y los próximos años ni para los grandes proyectos que el presidente López Obrador se rehúsa a abandonar.
“Una reforma hacendaria profunda, esa es la verdadera necesidad ahora, una reforma que no solo toque la recaudación sino también el gasto”, mencionó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). “El gobierno ha puesto parches por varios lados, pero nada de eso le va a durar”.
El presidente prometió que durante su administración no habría nuevos impuestos ni subirían los ya existentes, hasta ahora ha cumplido. También mencionó que una reforma fiscal llegaría a la mitad de su sexenio, eso está por verse, pero la mayoría de los especialistas coincide en que no será necesariamente de la profundidad que el país requiere. En lo que esa o cualquier otra solución llega, el gobierno federal ha recurrido a gravar sectores que antes estaban en un área gris, como las empresas de tecnología. Algunas ya empezaron a resentir el impacto de esa mayor fiscalización y, como en el caso de Netflix, aumentaron sus precios para trasladar parte de esa carga a los consumidores.
Y quejarse no hará demasiado. En lo que va de la actual administración, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), que arrancó operaciones en 2011, lleva ya poco más de un año sin un titular y solo con un encargado de despacho. “La están matando de inanición”, afirmó Carlos Cárdenas.
A través de una videollamada, un asesor fiscal de una empresa que cotiza en bolsa muestra una pila de documentos relacionados con una auditoría en curso por parte del SAT. Están desde el acta constitutiva de la compañía hasta las facturas más recientes de la operación de una de las unidades del grupo. También hay una carta, escrita por el propio director general de la empresa, dirigida a la jefa del SAT en la que pregunta exactamente qué requiere para poder dar por concluida una revisión que se ha alargado meses.
“Herrera y Buenrostro han llevado la vigilancia a otro nivel”, afirma serio el asesor. “Le han dado otro sentido a eso de ‘financiarse de los contribuyentes'”.